En un claro triunfo para el oficialismo, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados consiguió aprobar casi por unanimidad su propio proyecto que refiere a la ley para regularizar la atención de las personas con discapacidad y los pagos a los prestadores médicos. En un giro inesperado, el Gobierno logró así desactivar uno de sus frentes políticos más sensibles, que ahora deberá ser girado al Senado.

Tras una serie de reuniones a contra reloj y negociaciones que se extendieron hasta bien entrada la sesión y modificaron fuertemente la iniciativa original, el oficialismo consiguió no solo el respaldo de sus aliados habituales, sino también el apoyo de Provincias Unidas y casi todo el peronismo de Unión por la Patria (UP).

Con 237 votos a favor, nueve en contra —ocho de legisladores cordobeses y uno de la mendocina Lourdes Arrieta— y cuatro abstenciones de la izquierda, el oficialismo logró darle media sanción al proyecto de ley.

El rechazo llegó mayoritariamente del lado de los diputados de Provincias Unidas que responden al gobernador Martín Llaryora, Juan Fernando Brügge, Carolina Basualdo, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres, quienes se desmarcaron del resto del espacio que conduce Gisela Scaglia.

Hizo lo propio Natalia de la Sota, que suele hacer gala de su juego propio. A ellos se sumó la peronista Gabriela Beatriz Estévez, la única de UP que votó en contra, a pedido de organizaciones de discapacidad de Córdoba, según alegaron algunos de sus pares.

Negociaciones al filo

El resultado de la votación responde en gran medida a un vuelco pragmático del Gobierno en su estrategia parlamentaria. Con la diputada libertaria (ex-Pro) Laura Rodríguez Machado al frente de las conversaciones, coordinadas por el presidente de la Cámara, Martín Menem, el oficialismo hizo circular desde temprano el borrador del dictamen al que le fue incorporando numerosos ajustes mientras avanzaba la megasesión de este miércoles.

Machado, junto a su par libertaria Giselle Castelnuovo, activaron el diálogo con representantes de UP, entre ellas, Victoria Tolosa Paz y Sabrina Selva, quienes dejaron entrever la intención de una parte de de ese bloque de respaldar la iniciativa si se tomaban en cuenta una serie de cambios.

La bancada que conduce Germán Martínez quedó ante la disyuntiva de acompañar o no una propuesta que termina por recoger los reclamos del colectivo de discapacidad, quienes este miércoles por la tarde expresaron su aval a la propuesta oficialista.

Hasta el martes, el sector todavía se inclinaba por la prórroga de la emergencia en discapacidad que apuntalaba el bloque UP, parte de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y la izquierda. Sin embargo, al serle conferidas las correcciones que solicitaban el colectivo dio su visto bueno.

Un movimiento que obligó a los sectores más críticos a revisar su estrategia. Rechazar un texto que recoge buena parte de los reclamos de la emergencia e incorpora mejoras dejaría al peronismo entrampado en una contradicción discursiva. No solo eso, desde la bancada peronista reconocieron a este medio que acompañar la iniciativa también garantizaría un mayor respaldo para revertir un eventual veto del Ejecutivo, tras los cuestionamientos que una parte de la Casa Rosada dejó entrever contra el proyecto. El costo para el bloque es político, aunque sus integrantes intentaron bajarle el tono.

“Hoy el triunfo es del coletivo en discapacidad”, planteó un diputado de UP. En una línea similar el jefe del bloque peronista, quien reinvindicó el contenido de la actual ley vigente de emergencia en discapacidad.

“El 75% del contenido de la ley de emergencia discapacidad está contenido en este proyeecto. Resulta un insumo fundamental para que hoy podamos estar acá”, apuntó Martínez mientras reconoció la tarea de Herrera Ahuad durante la jornada.

El misionero a cargo de la conducción de Argentina Federal fue el encargado de capitalizar todos los reclamos en un dictamen que presentó ante el recinto y en el que plasmó los aportes que él mismo había conseguido incorporar a la iniciativa original de LLA. A estos se sumaron nuevas concesiones durante la tarde, que terminaron por inclinar la balanza a favor del Gobierno.

Al tomar la palabra, Herrera Ahuad explicitó una por uno lo cambios que se introdujeron al texto y luego envió un mensaje al Gobierno al que le reclamó un compromiso para retirar el capítulo VI del proyecto de presupuesto, que incluye una serie de derogaciones y modificaciones contrarias a la iniciativa que venían impulsando las principales figuras legislativas del oficialismo: Menem, Rodríguez Machado, Gabriel Bornoroni y Silvana Giudici.

Los cambios

Entre las modificaciones más resonantes el proyecto establece por ley los requisitos, que hasta el momento era dispuestos por el Poder Ejecutivo, para acceder a las pensiones por discapacidad. Entre ellos contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), someterse a una evaluación socioeconómica, no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.

El texto también mantiene la vigencia de la Ley 26.816, que regula el empleo protegido para personas con discapacidad, y refuerza el respaldo presupuestario. En caso de que las partidas del Ministerio de Salud resulten insuficientes, se podrán utilizar fondos del Tesoro. A su vez, se establece que los recursos por beneficiario no pierdan valor frente a la inflación.

Otro de los puntos centrales es la deuda acumulada con los prestadores. Para regularizar los pagos, el Ejecutivo tendrá 30 días desde la entrada en vigencia de la ley para presentar un cronograma y un plazo máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes, que actualmente rondan los $278.323 millones, este último un reclamo expreso de Pro.

En cuanto a las pensiones por invalidez, la propuesta garantiza a todos sus beneficiarios el acceso a las prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud. Asimismo, garantiza la actualización del nomenclador ajustado mensualmente por inflación, que había sido eliminado en el proyecto del presupuesto.

En concreto, el proyecto presupuestario propone derogar el artículo 7 bis de la ley de emergencia en discapacidad, que establece la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“Hoy el Congreso le da la respuesta a los colectivos, pero hay que lograr una respuesta por parte del Presidente”, advirtió la diputada Sabrina Selva, al reclamar la eliminación expresa de los artículos cuestionados.

Una de los reclamos más reiterados durante el debate por los bloques más críticos, que exigieron al Ejecutivo dar marcha atrás con las modificaciones previstas en el proyecto de Presupuesto 2027.

Fue Rodríguez Machado la única representante libertaria que respondió a este reclamo durante su discurso de cierre, al remarcar que será potestad del Congreso terminar de definir el contenido del presupuesto y no del Ejecutivo. Sus palabras provocaron algunas réplicas del peronismo, que salió al cruce de sus afirmaciones.

Por otro lado, la legisladora ahondó en la importancia del carácter permanente de la ley. “Su solución no puede ser transitoria. Bajo ese concepto, el que tenemos los de este bloque, que la sensibilidad social no se contrapone con la responsabilidad fiscal, es que empezamos a andar un camino en el cual empezamos a buscar consensos tal como debe hacerse en este Congreso”, sostuvo.

Presión de la Iglesia

Tanto en la previa como durante la sesión, la Iglesia también actuó como articuladora de los intereses de beneficiarios y prestadores. Según pudo saber LA NACION, autoridades del Episcopado se reunieron ayer a última hora con representantes del bloque libertario para transmitirles su preocupación por la situación y reclamar al Gobierno que termine de cerrar un acuerdo que dé respuesta a las demandas del colectivo de discapacidad.

La intervención de la Iglesia llegó después de la reunión de la mesa política en la Casa Rosada que dejó al descubierto las dudas que todavía persisten a nivel interno sobre el respaldo a la iniciativa legislativa, principalmente por su costo fiscal.

La presión se hizo aún más evidente este miércoles cuando la Comisión de Pastoral Social fijó su posición sobre el debate legislativo sobre la emergencia en discapacidad tras los contactos que mantuvo con los distintos legisladores, en la que expresó su preocupación por los recortes que sufrió el área durante la gestión de Javier Milei.